ARCHIVO: Agentes de la DEA y policías de servicio en Inglewood
ARCHIVO: Agentes de policía y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) vigilan las afueras del Estadio de Los Ángeles en Inglewood, California, el 25 de junio de 2026, antes de un partido de la Copa Mundial. La DEA dirigió una investigación interestatal en la que 36 personas fueron acusadas de narcotráfico y lavado de dinero en Carolina del Sur.

Fiscales federales acusaron a 36 personas de integrar una operación de narcotráfico y lavado de dinero dirigida por una organización con base en México, activa en Carolina del Sur desde hace más de una década, incluso dentro de cárceles estatales y federales. El Departamento de Justicia anunció los cargos el martes y señaló que el caso surgió de una investigación multiestatal liderada por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El Departamento de Justicia indicó que nueve de los 36 acusados se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Los cargos están distribuidos en tres expedientes judiciales: una acusación formal de julio de 2025 contra dos personas, otra de abril de este año contra 18 y una acusación formal sustitutiva de 42 cargos, revelada este mes, que añadió a otras 16.

Los investigadores sostienen que la organización opera en Carolina del Sur al menos desde 2011 y que sus integrantes se encuentran en México, Carolina del Sur y otros estados, así como dentro de la Oficina Federal de Prisiones y del Departamento Correccional de Carolina del Sur. Michael Tooley, subdirector a cargo de la oficina de la DEA en el estado, afirmó que el grupo tiene "vínculos directos" con el cartel de Sinaloa, designado por el Gobierno de Estados Unidos como organización terrorista extranjera, y que sus integrantes han estado "operando dentro y fuera de las cárceles estatales durante más de una década".

El fiscal federal Bryan Stirling anunció el caso en Columbia, acompañado por más de una docena de funcionarios de agencias federales, estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley. "Esta investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional tiene un impacto en todas las regiones de nuestro estado y más allá", afirmó. Stirling la describió como una investigación en curso liderada por la DEA, cuyo objetivo es frenar la entrada de fentanilo a Carolina del Sur y al resto del país.

Las autoridades informaron que los agentes incautaron grandes cantidades de fentanilo, metanfetamina, cocaína y marihuana, además de armas de fuego, dinero en efectivo, joyas, vehículos y bienes raíces. Entre los bienes decomisados había dos Rolls-Royce, un Lamborghini y un Aston Martin, que, según los fiscales, fueron comprados con ganancias del narcotráfico. Las autoridades señalaron que las incautaciones, realizadas en Carolina del Sur y Georgia, estaban valoradas en millones de dólares.

La investigación abarcó 16 condados de Carolina del Sur, donde las autoridades dijeron que se produjeron arrestos, fueron incautadas drogas o propiedades, o se encontraron escondites de drogas. En el condado de Horry, en la costa, agentes del alguacil arrestaron el martes a cuatro de los acusados. Participaron más de dos docenas de agencias, entre ellas la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional, la oficina del FBI en Columbia, la División Estatal de Aplicación de la Ley y departamentos de Policía de Carolina del Sur y Carolina del Norte.

Los fiscales no han detallado públicamente el supuesto papel de cada acusado. En casos de este tipo suelen ser acusados proveedores, transportadores, distribuidores locales y personas señaladas de mover dinero, con penas que varían ampliamente según la cantidad de droga atribuida a cada individuo y sus antecedentes. La conspiración para distribuir grandes cantidades de fentanilo contempla una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión federal y una máxima de cadena perpetua.

La acusación de que la red operaba desde el interior de las cárceles apunta a un problema que las autoridades penitenciarias reconocen desde hace años. Los teléfonos celulares introducidos ilegalmente permiten a los reclusos dirigir actividades desde el exterior, y las autoridades de Carolina del Sur han sido de las más insistentes del país en pedir a los reguladores federales autorización para bloquear las señales telefónicas en las prisiones. La mención en la acusación formal tanto del sistema estatal como de la Oficina Federal de Prisiones sugiere que los investigadores creen que la organización utilizaba a sus integrantes encarcelados como coordinadores, aunque los documentos divulgados no explican cómo.

ARCHIVO: Letrero del edificio del Departamento de Justicia en Washington
ARCHIVO: Se ve el edificio del Departamento de Justicia en Washington el 14 de julio de 2026. El departamento anunció el 10 de noviembre que 36 personas habían sido acusadas en una investigación de narcotráfico y lavado de dinero centrada en Carolina del Sur.

El caso fue presentado bajo el marco de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, una estructura creada por la administración Trump para coordinar a agencias federales, estatales y locales en investigaciones contra carteles de la droga y grupos criminales transnacionales. La administración ha convertido la designación de los carteles como organizaciones terroristas y el procesamiento de sus redes de distribución en Estados Unidos en un eje central de su agenda de seguridad, y el anuncio del Departamento de Justicia hizo énfasis en la situación migratoria de algunos acusados.

Ese énfasis es objeto de controversia. Funcionarios de la administración sostienen que la presencia de acusados que se encuentran ilegalmente en el país demuestra la conexión entre el control fronterizo y el narcotráfico. Los críticos de ese planteamiento señalan que la mayoría de las personas condenadas por traficar fentanilo en tribunales federales son ciudadanos estadounidenses y que no se identificó a 27 de los 36 acusados como personas que estuvieran ilegalmente en el país.

El fentanilo sigue siendo la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos, aunque las cifras nacionales han disminuido desde su punto máximo. Carolina del Sur ha registrado miles de muertes por sobredosis en los últimos años, y funcionarios estatales han descrito a los opioides sintéticos procedentes de México como el principal factor. Los fiscales afirmaron que la organización acusada esta semana se encargaba de cruzar drogas por la frontera y distribuirlas por todo el estado.

Se espera que los acusados comparezcan inicialmente ante un tribunal federal de Carolina del Sur. Una acusación formal es una imputación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Stirling afirmó que la investigación continúa, por lo que no se descarta que se presenten más cargos.