Descarrilamiento
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) se enfrenta a una revisión por parte de un organismo de control de su respuesta al descarrilamiento en Palestina Oriental.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) enfrenta una revisión de su organismo de control por la respuesta al descarrilamiento de un tren en East Palestine, luego de que varias denuncias plantearan interrogantes sobre el monitoreo de sustancias químicas, la tecnología para detectar contaminantes en el aire y las garantías públicas sobre los riesgos para la salud.

En un memorando fechado el 27 de octubre de 2026, la Oficina del Inspector General (OIG) de la agencia anunció que adelantaría de manera simultánea una auditoría y una evaluación, motivadas por varias denuncias presentadas a través de su línea de atención y por una solicitud de investigación del vicepresidente JD Vance y del administrador de la EPA, Lee Zeldin.

En una carta fechada el 28 de agosto de 2026, ambos solicitaron un examen objetivo de la toma de decisiones, la coordinación, las evaluaciones científicas y técnicas, así como del cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas y protocolos de respuesta a emergencias aplicables.

Informante cuestiona el monitoreo de sustancias químicas en el aire

El excontratista de la EPA, el doctor Robert Kroutil, expresó en mayo de 2024 su preocupación por el sistema Airborne Spectral Photometric Environmental Collection Technology (ASPECT), una plataforma instalada en aeronaves que se utiliza para detectar sustancias químicas y tomar imágenes durante emergencias.

El sistema puede identificar sustancias químicas industriales tóxicas y fuentes de radiación, y proporcionar a los equipos de emergencia información sobre liberaciones peligrosas.

Según el grupo sin ánimo de lucro Government Accountability Project (GAP), Kroutil afirmó que la EPA no desplegó la aeronave con suficiente rapidez después del descarrilamiento del 3 de febrero de 2023 y que los sensores químicos fueron apagados sobre las zonas afectadas, lo que habría comprometido la recopilación de datos.

Un informe de la OIG publicado el 2 de junio de 2025 examinó las prácticas de despliegue de ASPECT y los procedimientos relacionados. La revisión no confirmó la acusación de que hubo un retraso de varios días en la activación, pero sí identificó deficiencias en los procedimientos de despliegue y en el conocimiento del personal sobre las capacidades del sistema, lo que podría debilitar la toma de decisiones durante una emergencia.

El informe recomendó establecer procedimientos formales de despliegue, realizar capacitaciones periódicas, crear un sistema de contacto y ofrecer información más completa sobre las capacidades de la aeronave. GAP afirmó que el informe no abordó la acusación de Kroutil de que los sensores fueron apagados durante la misión.

El documento también destacó problemas relacionados con el atraso en el mantenimiento del sistema aéreo ASPECT, lo que podría dejar la tecnología fuera de servicio hasta mediados de 2027.

Los modelos químicos plantearon dudas sobre la quema

Otras preocupaciones se concentran en los modelos de riesgo elaborados antes de que las autoridades liberaran y quemaran cloruro de vinilo de los vagones descarrilados, el 6 de febrero de 2023.

En un comunicado del 30 de septiembre de 2026, GAP citó información publicada por The Wall Street Journal sobre documentos del Departamento de Defensa que no habían sido divulgados anteriormente. Más de 900 páginas obtenidas mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información incluían correos electrónicos y modelos relacionados con la quema controlada.

GAP señaló que las proyecciones iniciales situaban a casi 18.000 personas en riesgo de una exposición dañina al fosgeno y a más de 1.900 en zonas donde la exposición podía resultar mortal. Estas cifras correspondían a riesgos calculados mediante modelos, no a muertes o lesiones registradas.

El grupo afirmó que los cálculos utilizaron una sexta parte del cloruro de vinilo que realmente estaba presente. También citó un modelo de explosión en el peor escenario posible, según el cual solo se producirían lesiones menores en un radio de 226 metros, lo que plantearía dudas sobre la justificación de la quema.

Científica contratista denuncia presiones para reportar "ceros"

Peggy Dixon, ex científica del Center for Toxicology and Environmental Health (CTEH), denunció por separado que los directivos presionaban al personal para reportar "ceros" en el monitoreo de sustancias químicas y daban a entender que los trabajadores que registraran demasiadas detecciones podían ser enviados a casa.

GAP presentó ante la OIG la denuncia de Dixon. Norfolk Southern había contratado a CTEH para realizar el monitoreo ambiental después del descarrilamiento.

Según GAP, la EPA se basó en gran medida en los resultados del contratista para evaluar la contaminación, orientar las labores de recuperación y comunicar a los residentes cuándo podían regresar a sus hogares. CTEH, que ahora se conoce como Onterris, ha negado las acusaciones de Dixon.

Las denuncias no han sido establecidas como conclusiones de la investigación de la OIG anunciada el 27 de octubre.

La revisión pondrá a prueba las pruebas detrás de las garantías de salud

La auditoría de la OIG establecerá cuáles son las responsabilidades legales de la EPA conforme a las leyes, regulaciones y requisitos federales aplicables, y examinará cómo las cumplió la agencia.

La evaluación también determinará si la EPA evaluó y redujo adecuadamente los riesgos de exposición al aire en espacios interiores y exteriores, y si sus comunicaciones de salud pública estaban respaldadas por pruebas suficientes.

Los investigadores solicitaron los registros del incidente, los documentos sobre la selección de las medidas de respuesta, los modelos atmosféricos y las comunicaciones, las evaluaciones de riesgo y las revisiones internas. También pidieron acceso a las bases de datos de respuesta de la EPA.

GAP celebró la investigación, pero pidió monitoreo de la salud, asistencia para la reubicación y otro tipo de apoyo para los residentes. Lesley Pacey, su directora ambiental sénior, advirtió: "La gente de East Palestine no puede darse el lujo de afrontar otro proceso largo que produzca un informe y luego termine acumulando polvo en un estante".