Entre 2020 y 2026 se radicaron.
Entre 2020 y 2026 se radicaron, en promedio, 283 nuevos proyectos por año, más del doble del promedio observado entre 2005 y 2015. Adobe Stock

Los prolongados tiempos de las consultas previas y los trámites para obtener licencias ambientales se han convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo de proyectos de infraestructura, energía y minería en Colombia. Un informe de Corficolombiana advierte que miles de iniciativas enfrentan demoras que generan incertidumbre, incrementan los costos y dificultan la llegada de nuevas inversiones al país.

El diagnóstico fue presentado durante el foro 'Luz Verde: acuerdos para el desarrollo' y expone una situación que preocupa al sector empresarial: mientras Colombia necesita impulsar la inversión y ejecutar proyectos estratégicos, los procedimientos administrativos pueden extenderse durante varios años.

Las cifras muestran que para 2026 había 2.197 proyectos con consultas previas en proceso. De ese total, el 64 % llevaba más de tres años en trámite y el 42 % permanecía en la etapa inicial, sin lograr avances significativos.

Las consultas previas se duplicaron en la última década

Uno de los datos que más llama la atención del estudio es el crecimiento de los proyectos que requieren consulta previa. Durante los últimos seis años se registró un promedio anual de 283,1 nuevos proyectos, una cifra considerablemente superior a los 117,7 registrados entre 2005 y 2015.

La intensidad de estos procedimientos también aumentó. Mientras entre 2011 y 2020 se contabilizaban 2,5 proyectos con consulta previa por cada billón de pesos invertido, la cifra pasó a 6,4 proyectos por cada billón.

Este comportamiento genera inquietud entre las empresas que desarrollan iniciativas de infraestructura, energía y explotación de recursos naturales, debido a que los tiempos de espera pueden afectar la planeación financiera y retrasar la entrada en operación de obras consideradas estratégicas.

Sin embargo, el informe advierte que el aumento de las consultas y la disminución de la inversión coinciden en el tiempo, pero esa relación no demuestra por sí sola que una situación sea la causa directa de la otra.

A la fecha, existen 2.197 proyectos en proceso de consulta
A la fecha, existen 2.197 proyectos en proceso de consulta previa, de los cuales dos de cada tres llevan más de tres años en trámite y el 42% continúa en su etapa inicial. Guillermo Torres

Licencias ambientales también presentan retrasos

Las consultas previas no son el único procedimiento que genera preocupación. El estudio también identifica dificultades en la expedición de licencias ambientales, un requisito indispensable para determinados proyectos que pueden generar impactos sobre los ecosistemas.

Según los datos presentados por Corficolombiana, Colombia expide actualmente un promedio de 130 licencias ambientales al año, menos de la mitad de las que se tramitaban en 2014.

A esto se suma el tiempo que requieren las autoridades para resolver las solicitudes. Los trámites ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) tardan, en promedio, entre 180 y 188 días hábiles, pese a que el plazo legal establecido es de 90 días.

Esta diferencia representa un desafío para las compañías que necesitan obtener autorizaciones para iniciar o continuar sus proyectos, pues los retrasos pueden traducirse en mayores costos operativos, financieros y administrativos.

De acuerdo con Corficolombiana, actualmente se tramitan cerca de 130
De acuerdo con Corficolombiana, actualmente se tramitan cerca de 130 licencias ambientales al año, apenas una tercera parte de las otorgadas en 2014. Oleg Frolov - stock.adobe.com

La falta de reglas claras aumenta la incertidumbre

Entre los factores que explican las demoras aparece la ausencia de una legislación integral que establezca reglas y plazos claros para desarrollar las consultas previas.

Colombia adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados frente a medidas y proyectos que puedan afectar directamente sus derechos e intereses.

No obstante, la falta de una regulación específica y detallada sobre los procedimientos ha generado dificultades para establecer tiempos, coordinar a las entidades responsables y determinar con precisión qué comunidades deben participar en cada proceso.

El informe también identifica situaciones en las que se incorporan nuevas comunidades durante el desarrollo de las obras, lo que puede ampliar el alcance de las consultas y prolongar los cronogramas.

Otro elemento señalado es la concentración de estos procedimientos en regiones con necesidades básicas insatisfechas. En esos territorios, las comunidades pueden utilizar los espacios de consulta para reclamar atención frente a necesidades sociales que no han sido resueltas por el Estado.

Corficolombiana pide agilizar los trámites sin eliminar derechos

Ana Milena López, presidenta de Corficolombiana, aclaró que la necesidad de acelerar los procedimientos no significa eliminar las garantías de participación de las comunidades ni debilitar las medidas de protección ambiental.

La propuesta apunta a mejorar la coordinación entre las instituciones, verificar oportunamente cuáles comunidades deben participar, facilitar los acuerdos y reducir las etapas o exigencias que generan duplicidades.

El propósito es que los proyectos puedan avanzar con mayor previsibilidad, sin desconocer el derecho fundamental a la consulta previa ni las obligaciones ambientales de las empresas.

En ese sentido, la discusión no se limita a reducir los tiempos de los trámites, sino a encontrar mecanismos que permitan conciliar la ejecución de las inversiones con la protección de los territorios y la participación de las poblaciones involucradas.

La inversión en Colombia enfrenta un panorama complejo

Las dificultades administrativas se presentan en un momento de especial preocupación por el comportamiento de la inversión. Según las cifras expuestas en el análisis, la tasa de inversión fija del país se ubicó en el 15,7 % del producto interno bruto (PIB), su nivel más bajo en aproximadamente seis décadas.

Los retrasos en proyectos de infraestructura, transmisión eléctrica, energía y minería pueden afectar la capacidad del país para desarrollar obras necesarias para su crecimiento económico y atender futuras necesidades de abastecimiento energético.

El desafío consiste en establecer procedimientos más eficientes, con mayor seguridad jurídica y coordinación institucional, pero sin convertir la agilización de los proyectos en una reducción de los derechos de las comunidades o de los estándares ambientales.

El diagnóstico de Corficolombiana vuelve a poner sobre la mesa una discusión clave para el futuro económico del país: cómo atraer inversión, desarrollar infraestructura y aprovechar los recursos naturales sin desconocer las garantías sociales y ambientales que deben acompañar cada proyecto.