Perú evalúa suspender salarios hasta por 90 días ante amenaza de El Niño a sectores clave

El Ministerio de Trabajo de Perú reveló la semana pasada que estudia autorizar una suspensión de salarios por razones climáticas para trabajadores de la pesca, la agricultura y la construcción. La propuesta ya abrió una fisura pública dentro del gabinete de la presidenta Keiko Fujimori y podría tener consecuencias para cientos de miles de familias a ambos lados del Pacífico.

La medida, conocida como suspensión perfecta de labores, permitiría a las empresas cuyas operaciones resulten imposibles por una fuerza mayor relacionada con El Niño suspender el pago de salarios durante un máximo de 90 días calendario sin terminar la relación laboral. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, planteó la posibilidad durante una gira de trabajo por Arequipa el 20 de octubre, una señal de que el Gobierno se prepara para una situación de crisis ante una temporada de tormentas que los pronosticadores describen con términos que no se usaban desde hace décadas.

Un pronóstico que el Gobierno toma como advertencia

El panel climático interinstitucional de Perú, ENFEN, mantuvo su alerta por El Niño costero en su más reciente boletín oficial y estimó en 62 % la probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Esto representa un aumento de 21 puntos porcentuales frente a los pronósticos emitidos apenas dos semanas antes. La probabilidad era mayor al comienzo del periodo y baja específicamente a 62 % en enero, lo que significa que el mayor riesgo se concentra en noviembre y diciembre.

El Banco Central de Reserva del Perú respondió recortando su proyección de crecimiento para 2026, de 3,4 % a 3,2 %. La revisión se atribuyó casi por completo al agravamiento de los daños en los sectores primarios. El presidente del banco central, Julio Velarde, presentó el ajuste en el Reporte de Inflación de septiembre y señaló que la entidad ahora calcula que El Niño restará directamente 0,9 puntos porcentuales a la producción de este año.

Tres sectores que ya sienten el impacto

El daño no es teórico. El sector pesquero peruano cayó 51,94 % en junio de 2026, el descenso mensual más pronunciado de los últimos tiempos, debido a la decisión del Gobierno de cancelar la temporada de anchoveta después de que el calentamiento del océano llevara los cardúmenes a profundidades que ya no resultaban rentables para la actividad comercial. Las pérdidas acumuladas durante el primer semestre llegaron a 33,15 %. La Sociedad Nacional de Pesquería advirtió que más de 78.000 empleos del sector están ahora directamente en riesgo.

La agricultura tampoco corrió mejor suerte: se contrajo 8,1 % en junio de 2026 debido a que temperaturas anormalmente altas afectaron los cultivos mucho antes de la temporada tradicional de lluvias. La construcción y el transporte enfrentan alteraciones indirectas, pues el riesgo de inundaciones amenaza con cortar corredores viales en el norte del país.

BBVA Research calcula que el fenómeno restará 0,9 puntos porcentuales al PIB de Perú en 2026 y otros 1,3 puntos en 2027. El impacto sería mayor el próximo año por la coincidencia entre el pico del calentamiento y las lluvias más intensas, que históricamente se presentan entre diciembre y abril. Credicorp Capital Asset Management ha calculado las pérdidas acumuladas en S/16.000 millones —unos US$4.300 millones—, concentradas en la infraestructura de la costa norte hasta finales del próximo año.

Un gabinete dividido frente a la respuesta

La propuesta de suspender los salarios ha dejado en evidencia las diferencias dentro de la administración Fujimori. Según Infobae, el Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado explícitamente el mecanismo como un último recurso, no como una política que se esté desarrollando activamente, y promueve en cambio un paquete fiscal más amplio como primera línea de defensa del Gobierno.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, impulsa un programa que contempla S/2.000 millones destinados al mantenimiento preventivo de colegios, centros de salud, comisarías y la red vial nacional; una transferencia única de aproximadamente S/200 para unos 800.000 pensionados; y un aumento del límite del déficit fiscal a 2,4 % del PIB en 2027 para financiar la respuesta de emergencia. Hasta ahora no se ha aprobado un marco normativo formal para el mecanismo de suspensión salarial.

Qué dice hoy la ley y qué podría cambiar

Hay una distinción clave que suele perderse en el debate actual: el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral de Perú ya contempla la suspensión perfecta. Los empleadores que enfrenten una verdadera situación de fuerza mayor pueden aplicarla hasta por 90 días calendario notificando de inmediato al Ministerio de Trabajo. La norma vigente no exige autorización previa, sino que somete la decisión a una revisión posterior.

Lo que propone el ministro Sheput va más allá. Bajo el marco específico para El Niño que se estudia, las empresas tendrían que demostrar primero que agotaron alternativas como el trabajo remoto, las vacaciones anticipadas remuneradas y la reorganización de turnos. Además, SUNAFIL, la autoridad peruana de inspección laboral, tendría que verificar que las condiciones realmente hacen imposible continuar las operaciones antes de que entre en vigor la suspensión del pago de salarios. Sheput describió la medida como "no es general", es decir, no como una herramienta disponible para cualquier empleador, y subrayó que el Estado mantendría su función de supervisión. Las solicitudes que no cumplan ese umbral conforme a la legislación vigente obligan al empleador a pagar la totalidad de los salarios correspondientes al periodo de suspensión.

El impacto también alcanza a las familias peruanas en Estados Unidos

Para los hogares peruanos radicados en Estados Unidos, la emergencia climática se suma a una segunda fuente de presión financiera. El Banco Central de Reserva había proyectado un récord de US$5.515 millones en remesas para 2026, tras los US$5.368 millones enviados al país en 2025, con Estados Unidos como principal origen de esos recursos. Sin embargo, analistas advierten que el impulso de esa proyección se ha debilitado, mientras los hogares a ambos lados del Pacífico enfrentan impactos simultáneos: menores salarios en Perú, aumento de los precios de los alimentos por la afectación de las cosechas y una reducción del poder adquisitivo de familias que ya afrontan incertidumbre económica en Estados Unidos.

Para los familiares en Estados Unidos, esto probablemente se traduzca en giros de dinero más grandes y urgentes, precisamente cuando la presión económica aumenta en ambos países. La decisión del Gobierno peruano —formalizar el mecanismo de suspensión salarial, apostar por el paquete de infraestructura y transferencias del MEF o combinar ambas opciones— será determinante para establecer cuántas familias tendrán que asumir por sí solas el faltante de ingresos.