Un año después de su asesinato, el movimiento del sombrero sale a las calles de Uruapan por justicia

Un año después del asesinato político más descarado de la historia reciente de Michoacán, los sombreros de paja volvieron a las calles. Cientos de habitantes marcharon por Uruapan el 1 de noviembre de 2026, en el primer aniversario del asesinato del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, en una movilización que su viuda y sucesora convocó como la "Marcha por la Justicia y la Paz" —una jornada simultánea de alcance nacional que presentó como una exigencia ciudadana contra la impunidad y el crimen organizado.

La ciudad vuelve a marchar

La alcaldesa Grecia Quiroz, quien asumió la presidencia municipal de Uruapan pocos días después del asesinato de su esposo, convocó la marcha como un acto nacional. En Uruapan, los participantes se concentraron en el monumento a Lázaro Cárdenas y luego recorrieron la ciudad. La conmemoración del aniversario incluyó la develación de una estatua en honor al alcalde asesinado. El 21 de octubre ya se había realizado otro homenaje, cuando colocaron un busto de Manzo en el monumento a los Mártires de Uruapan —los cinco soldados republicanos ejecutados durante la Intervención francesa—, vinculando su imagen con una tradición más amplia de resistencia local.

Lo que ha establecido la investigación

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en la histórica plaza Morelos de Uruapan. Tenía 40 años. Los primeros informes de prensa identificaron erróneamente al atacante como un hombre conocido como "El Cuate", pero la Fiscalía General del Estado de Michoacán estableció oficialmente, mediante pruebas forenses —entre ellas una prueba de residuos de disparo—, que el autor material fue Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años oriundo de Paracho, Michoacán, quien fue abatido por el equipo de seguridad de Manzo en el lugar y posteriormente murió a causa de sus heridas.

La investigación produjo decenas de detenciones en los meses siguientes. En agosto de 2026 se produjo un avance importante, cuando fuerzas federales y militares capturaron a Ramón Ángel "N", alias "El R1", señalado como autor intelectual y líder de una célula criminal vinculada al CJNG conocida como "Los Rs". El detenido quedó bajo prisión preventiva y enfrentó las primeras actuaciones judiciales. Sin embargo, la Fiscalía ha indicado que la estructura completa de mando detrás de la orden de asesinato aún no ha sido desmantelada ni llevada plenamente ante la justicia.

El movimiento del sombrero se convierte en marca

Manzo construyó su identidad política alrededor del sombrero de paja, símbolo de independencia frente al sistema partidista y de desafío al crimen organizado. Después de su muerte, Quiroz apareció ante miles de manifestantes en noviembre de 2025, sostuvo el sombrero de su esposo y declaró: "Vamos a seguir caminando con el Movimiento Independiente del Sombrero". Advirtió que, para silenciar el movimiento, sus enemigos tendrían que eliminar a cada uno de sus integrantes.

Desde entonces, esa estructura política se ha formalizado. En noviembre de 2025, Quiroz solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de las marcas "Carlos Manzo" y "Movimiento Independiente del Sombrero". El IMPI concedió ambos registros, lo que le otorgó la titularidad legal de la marca de cara a una campaña que, según ha dejado entrever, será frontal contra Morena en 2027. Quiroz ha llamado a emitir un "voto de castigo" contra los responsables de ordenar el asesinato y ha afirmado públicamente que el movimiento tiene "una fuerza imparable" que se hará sentir en las urnas.

Una familia enfrentada al movimiento

La marcha del aniversario se produjo en medio de un conflicto interno cada vez más profundo. Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado, hizo públicas en agosto de 2026 sus acusaciones contra la alcaldesa Quiroz y el Movimiento del Sombrero. Según él, ambos convirtieron el asesinato de su hermano en un vehículo para obtener réditos electorales y obstaculizaron la investigación. Entre sus señalamientos específicos está que el teléfono celular de Carlos Manzo fue retirado del lugar cuando era trasladado al hospital y que integrantes del círculo cercano de Quiroz lo ocultaron a los peritos. Cuando le preguntaron directamente si creía que la alcaldesa se había beneficiado del asesinato, respondió afirmativamente.

Quiroz ha negado cualquier interferencia y ha pedido que la Fiscalía General de la República asuma la competencia del caso. Para sus seguidores, la marcha del sábado representó una exigencia cívica legítima de seguridad y rendición de cuentas. Para la familia de Manzo y otros críticos, el momento y la magnitud de los actos del aniversario plantearon dudas sobre si el cálculo político pesa ahora más que la búsqueda de justicia.

La pregunta sin respuesta de Michoacán

Uruapan está ubicado en el convulso centro de Michoacán, uno de los estados más violentos de México. Desde hace años, organizaciones criminales rivales se disputan sus zonas productoras de aguacate, las rutas del narcotráfico y las redes de extorsión. Antes de morir, Manzo acusó públicamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de corrupción y complicidad con el crimen organizado, y pidió en repetidas ocasiones la intervención federal a la presidenta Claudia Sheinbaum, sin obtener respuesta. Esas acusaciones nunca fueron investigadas formalmente.

Un año después de que un alcalde fuera asesinado a tiros en medio de un festival público, rodeado por un equipo de seguridad incapaz de protegerlo, las calles de Uruapan siguen planteando la pregunta que definió la vida de Carlos Manzo y acabó con ella: ¿quién está realmente al mando?