Tribunal Federal de los Estados Unidos en Nueva York
El Tribunal Federal Thurgood Marshall de Manhattan, donde se celebran los juicios federales, constituye el escenario judicial de la batalla legal por el despido de Maurene Comey.

Un juez federal determinó que el gobierno de Trump despidió ilegalmente a la exfiscal federal Maurene Comey, al concluir que el Departamento de Justicia incumplió las protecciones legales aplicables a los empleados públicos. La decisión vuelve a poner bajo escrutinio los límites de la autoridad presidencial.

En una decisión emitida el lunes 26 de octubre, el juez federal de distrito Jesse M. Furman ordenó la reincorporación retroactiva de Comey por el periodo posterior a su despido, ocurrido el 16 de julio de 2025, y el pago de los salarios dejados de percibir hasta el 20 de diciembre de ese año, cuando pasó a trabajar en el sector privado.

La decisión no establece por qué fue despedida Comey. Sin embargo, rechaza el argumento del Gobierno según el cual la autoridad constitucional del presidente permite remover a los fiscales federales sin tener en cuenta las protecciones previstas en la ley.

El tribunal rechaza una interpretación amplia de la autoridad del Ejecutivo

El Departamento de Justicia sostuvo que los fiscales federales ejercen funciones del poder Ejecutivo y, por tanto, pueden ser removidos en virtud de las facultades presidenciales contempladas en el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos. Furman rechazó esa posición y concluyó que el Congreso puede imponer límites a la remoción de funcionarios federales, y que el despido de Comey infringió las protecciones legales aplicables. El fallo también abordó asuntos relacionados con la separación de poderes y el debido proceso.

La decisión gira en torno a la diferencia entre los funcionarios de designación política y los servidores públicos de carrera. Las protecciones laborales federales buscan impedir que los empleos públicos se conviertan en cargos que cambien de manos según la lealtad política cada vez que llega una nueva administración.

Comey trabajaba como fiscal adjunta de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York desde 2015. Los documentos judiciales señalan que había recibido evaluaciones de desempeño favorables en los años anteriores a su despido.

El fallo se limita a su caso y no establece una prohibición general de la facultad presidencial para despedir a empleados federales. Su importancia más amplia radica en que el tribunal rechazó la tesis de que el poder Ejecutivo puede pasar por encima de las garantías establecidas por la ley en estas circunstancias.

Casos de alto perfil ponen el despido bajo la lupa

Durante la década que trabajó en la fiscalía de Manhattan, Comey participó en varios casos penales de alto perfil, incluidos los procesos por trata con fines de explotación sexual contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. También tuvo un papel en el proceso contra el ejecutivo musical Sean 'Diddy' Combs. El juicio terminó con la condena de Combs por cargos relacionados con prostitución y su absolución de otros cargos.

Comey fue despedida poco después de que concluyera el juicio contra Combs. Su padre, James Comey, fue director del FBI hasta que el presidente Donald Trump lo despidió en mayo de 2017, y posteriormente se convirtió en un crítico abierto de Trump.

En su demanda, Maurene Comey alegó que sus vínculos familiares o sus presuntas posiciones políticas pudieron haber influido en su despido. El fallo de Furman no determinó si alguno de esos factores motivó la decisión. La distinción es importante: el tribunal concluyó que la terminación de su contrato fue ilegal, pero no estableció que se tratara de una represalia por sus lazos familiares o por su trabajo como fiscal.

El Departamento de Justicia apelará mientras el litigio sigue abierto

El Departamento de Justicia dijo que discrepaba del fallo y que apelaría. La decisión tampoco resuelve todos los aspectos de la demanda de Comey: Furman dejó pendiente su pronunciamiento sobre una demanda separada presentada al amparo de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, y ordenó nuevos escritos para determinar si ese reclamo debe ser desestimado.

La orden contempla la reincorporación retroactiva y el pago de los salarios atrasados correspondientes al periodo señalado. Las consecuencias económicas exactas, incluido el monto adeudado, aún deberán definirse en actuaciones posteriores.

El caso se suma a los desafíos legales presentados por exempleados del Gobierno despedidos durante el segundo mandato de Trump. Su resultado inmediato se refiere a los derechos laborales de Comey, pero el razonamiento del tribunal también pone a prueba hasta dónde puede llegar el poder Ejecutivo al remover a funcionarios de carrera protegidos por la ley federal.

La demanda pendiente basada en la Primera Enmienda y la apelación anunciada indican que el litigio aún no ha terminado. Por ahora, el fallo de Furman establece que la justificación expuesta por la administración para remover a Comey no la eximía de cumplir las protecciones legales aplicables.