Sanciones de Estados Unidos a Cuba
Un camión que transporta bidones de plástico para combustible está estacionado en una gasolinera de La Habana el 17 de octubre de 2026. Alimentos, combustible y paneles solares: las importaciones cubanas procedentes de Estados Unidos han alcanzado la cifra récord de 875,9 millones de dólares en lo que va de 2026, a pesar de que Washington mantiene las sanciones más severas contra la isla en décadas. Paradójicamente, si bien Estados Unidos ha impuesto un embargo petrolero a Cuba desde enero, también se ha convertido en un proveedor clave de combustible a través de las ventas al creciente sector privado del país.

En resumen:

  • El secretario de Estado, Marco Rubio, designó a 10 nuevos objetivos en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, entre ellos figuras de la clase gobernante cubana, una red de transporte de crudo y empresas chinas acusadas de suministrar equipos al ejército de la isla.
  • Entre los incluidos en la lista está Any Rodriguez Lastres, hija de la presidenta en ejercicio de GAESA, quien vive en Panamá y es señalada de beneficiarse de las operaciones financieras extraterritoriales del régimen.
  • Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro amplió su autoridad para perseguir a empresas extranjeras que operen en Cuba en los sectores de electrónica, manufactura, marítimo y tecnología, con lo que amplió el alcance potencial de las sanciones secundarias.

La administración Trump intensificó el 5 de noviembre su campaña económica contra el Gobierno comunista de La Habana al añadir a 10 personas y entidades a su lista de sanciones contra Cuba e identificar cinco buques petroleros como bienes bloqueados. Se trata del último paso de una estrategia de máxima presión que desde enero de 2026 apunta contra las fuerzas armadas, las finanzas y las cadenas internacionales de suministro del régimen.

Rubio expone los argumentos contra La Habana

El secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y uno de los críticos más contundentes de Washington al sistema heredado de la era de los Castro, presentó la medida como una respuesta directa a lo que calificó como el empobrecimiento deliberado de los cubanos de a pie por parte de una élite militar que busca enriquecerse. En un comunicado de prensa del Departamento de Estado, Rubio acusó al régimen de acaparar los recursos energéticos, navieros y tecnológicos de la isla mientras la población enfrenta apagones, escasez crónica y un estancamiento económico que no muestra señales de alivio.

"La administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen cubano desvía los recursos de la isla hacia su élite militar", dijo Rubio en el comunicado. Añadió que Cuba se ha convertido en una plataforma de actores extranjeros que buscan amenazar, espiar y socavar a Estados Unidos.

Quiénes fueron sancionados y por qué

Las designaciones abarcan cuatro categorías: miembros de la élite cubana vinculados al círculo íntimo del régimen, operadores de una red ilícita de transporte de crudo, empresas estatales de importación y soporte técnico, y compañías radicadas en China acusadas de equipar a las fuerzas armadas cubanas.

Entre las personas incluidas está Guillermo Faustino Rodriguez Lopez Calleja, identificado como una figura central en las operaciones navieras extraterritoriales que movilizan el crudo cubano, una fuente de ingresos fundamental de la que depende el régimen para financiar su aparato de seguridad y mantenerse en el poder.

Una hija en el extranjero y sus vínculos con el régimen

Las designaciones también alcanzaron las redes personales de funcionarios sancionados previamente. Any Rodriguez Lastres, quien vive en Panamá, fue incluida en la lista por su vínculo con la infraestructura financiera extraterritorial del régimen. Su madre, Ania Guillermina Lastres Morera, es la presidenta ejecutiva de GAESA, el vasto conglomerado comercial de las fuerzas armadas cubanas, y fue sancionada en mayo de 2026.

GAESA, que controla entre 40 % y 70 % de la economía formal cubana mediante su presencia en el turismo, el comercio minorista, las importaciones y la energía, se ha convertido en el principal objetivo de la presión financiera de Washington. El conglomerado opera a través de una red de empresas estatales, sociedades mixtas e intermediarios extranjeros que, según la administración estadounidense, son inseparables de la estructura política y militar del régimen.

El caso de la familia Lastres ha llamado especialmente la atención. Mientras Ania Guillermina Lastres Morera dirige GAESA desde La Habana, su hermana Adys fue arrestada por el ICE en Miami en mayo de 2026, después de que las autoridades federales revocaran su tarjeta de residencia permanente por sus presuntos vínculos con los activos internacionales del conglomerado. La designación de Any Rodriguez Lastres refleja el esfuerzo continuo de Washington por cerrar los canales extraterritoriales mediante los cuales, según las acusaciones, integrantes del régimen trasladan y protegen su patrimonio.

Beijing, en la mira de Washington

La ronda del 5 de noviembre representa uno de los pasos más explícitos hasta ahora para responsabilizar a entidades chinas por su papel en el sostenimiento de las fuerzas armadas cubanas. Las designaciones incluyeron a proveedores radicados en China acusados de suministrar equipos y componentes al ejército cubano, una medida que extiende la presión de las sanciones más allá de La Habana y la lleva directamente a las cadenas de suministro que pasan por Beijing.

La empresa china de electrónica de defensa vinculada al Estado CEIEC fue sancionada por Estados Unidos en 2020 por actividades similares. Según el South China Morning Post, Beijing se opuso a esas restricciones anteriores, mientras funcionarios chinos y cubanos han negado sistemáticamente que se suministre o instale infraestructura militar en la isla. Las designaciones de noviembre indican que Washington no esperará a que esas negativas se resuelvan antes de actuar.

El Tesoro abre la puerta a sanciones sectoriales

Junto con las designaciones individuales, el Departamento del Tesoro emitió una determinación formal en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 que abre la puerta a sanciones contra cualquier empresa o persona extranjera que opere, o haya operado anteriormente, en los sectores cubanos de electrónica, manufactura, marítimo y tecnología. La medida es significativa porque no exige demostrar una infracción específica en cada caso: establece todo un sector como zona de riesgo para las sanciones y advierte a las empresas internacionales que su exposición a esas industrias puede acarrear consecuencias legales bajo la legislación estadounidense.

Una campaña de mayor alcance

La medida del jueves es la más reciente de una campaña sostenida de presión que la administración Trump comenzó a intensificar en enero de 2026 mediante la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo de este año. Desde entonces, la administración ha acumulado más de 240 designaciones relacionadas con Cuba, interceptado buques petroleros con destino a la isla y tomado medidas para cortar las importaciones de energía del régimen. Analistas independientes sostienen que esas reducciones han contribuido a apagones de hasta 20 horas diarias en todo el país.

A finales de octubre, Rubio pidió públicamente a los cubanos que colaboraran con la CIA en lo que describió como una oportunidad para quienes buscan generar cambios en la isla. El presidente Trump también ha planteado en distintos momentos la posibilidad de una intervención militar contra Cuba, una señal de que la administración parece utilizar esa posibilidad para aumentar el peso psicológico de su presión económica.

La última ronda de sanciones lleva la campaña de la administración más profundamente a las redes familiares de la élite cubana y a la cadena de suministro de defensa de China, lo que sugiere que Washington no tiene intención de aliviar la presión antes de una eventual negociación.