El acuerdo de paz cumple 10 años: ¿por qué los grupos armados controlan ahora más territorio que nunca?

Un proceso de paz asediado desde dentro

A 13 días de que se cumplan diez años del histórico acuerdo de paz con las FARC de 2016, el defensor del Pueblo entregó un balance preocupante: las organizaciones criminales no solo ocuparon los espacios dejados por la desmovilización guerrillera; en buena parte del país, fueron mucho más allá. El informe anual de la Defensoría del Pueblo, presentado en un foro en Bogotá el 11 de noviembre, documentó que 396 de los 1.103 municipios del país —aproximadamente uno de cada tres— tienen actualmente alertas de seguridad activas relacionadas con organizaciones armadas ilegales.

La entidad describió las condiciones actuales de violencia como "muy desafiantes", una expresión mesurada que, sin embargo, adquiere peso por el volumen de datos que la respalda. El décimo aniversario oficial del acuerdo se cumple el 24 de noviembre y el informe plantea esta fecha no como una celebración, sino como un momento que exige una seria rendición de cuentas institucional.

Quién controla qué y cuánto territorio

El Clan del Golfo —conocido formalmente como Ejército Gaitanista de Colombia y surgido de los remanentes de estructuras paramilitares— tiene la presencia criminal más amplia del país: está en 468 municipios, más del 42 % del total. Las cinco disidencias activas de las FARC tienen presencia conjunta en 372 municipios, tanto en regiones donde alguna vez operó la antigua guerrilla como en nuevos corredores a los que sus redes fragmentadas se han expandido. Aunque su alcance territorial se redujo frente al punto máximo registrado entre 2019 y 2022, el ELN sigue asentado en 156 municipios, principalmente en la frontera de Norte de Santander con Venezuela y en amplias zonas de la costa Pacífica.

Un crecimiento del 149 % en siete años

El balance de la Defensoría muestra un sistema sometido a una presión constante, pero es la trayectoria la que más llama la atención. Un análisis de septiembre de 2026 elaborado por el centro de pensamiento bogotano Pares estableció que la presencia total de grupos armados pasó de 212 municipios en 2019 a 527 en 2026: un aumento del 149 % en apenas siete años. En términos prácticos, esto significa que, en promedio, aproximadamente cada ocho días otro municipio pasó a estar bajo la influencia criminal durante ese periodo.

Los analistas señalan un error estructural incorporado en el diseño del acuerdo: cuando los combatientes de las FARC abandonaron sus territorios tras la desmovilización, las redes criminales llegaron antes de que las entidades estatales pudieran construir instituciones sólidas y duraderas en esas zonas. El territorio desocupado se convirtió, en la práctica, en un mercado abierto.

Desplazamiento y confinamiento: un costo humano devastador

El costo para la población civil que documenta el informe de la Defensoría es grave. El desplazamiento masivo —cuando comunidades enteras huyen del conflicto armado— pasó de 12.841 víctimas en 2017 a 107.924 en 2025, un incremento de ocho veces. Las comunidades sometidas a confinamiento forzado, una situación en la que los grupos armados bloquean los poblados y restringen por completo la movilidad, aumentaron de 18.603 personas a 128.825 en el mismo periodo. El Comité Internacional de la Cruz Roja contabilizó por separado al menos 322.688 personas desplazadas por la fuerza solo en 2025, casi el doble de la cifra registrada el año anterior.

La Defensoría identificó como poblaciones más vulnerables a las comunidades rurales, los pueblos indígenas, los líderes sociales y los pequeños campesinos. Entre enero de 2016 y mediados de 2026, 1.743 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia: personas que asumieron funciones de liderazgo en vacíos de gobernanza que las instituciones estatales nunca lograron llenar por completo.

Los excombatientes de las FARC siguen siendo asesinados

Uno de los hallazgos más urgentes del informe es el asesinato continuado de excombatientes. Desde 2016, 521 personas que firmaron formalmente el acuerdo de paz y dejaron las armas han sido asesinadas. La geografía de sus muertes no es casual: el 86 % de los firmantes vive ahora fuera de los territorios originales donde adelantaron su desmovilización. La población vulnerable quedó dispersa en zonas rurales de difícil acceso, donde las mismas estructuras criminales que reemplazaron a las FARC han consolidado su autoridad.

De las 10.943 personas que aún están inscritas en el programa formal de reincorporación —aproximadamente el 76 % de las acreditadas originalmente—, una proporción significativa vive precisamente en esas zonas en disputa.

Hay avances, pero son insuficientes

El mismo informe documenta avances concretos. Cerca de 7.000 firmantes del acuerdo de paz terminaron la educación secundaria. El 99 % está afiliado al sistema nacional de salud. Además, desde el inicio de la desmovilización se han creado en todo el país 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos.

Pero en materia de reparaciones colectivas —uno de los compromisos centrales del acuerdo con las víctimas— solo 63 de los 1.367 sujetos reconocidos, apenas el 4,6 % del total, han completado sus planes de reparación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue informado recientemente de que no se han cumplido las metas previstas para el décimo aniversario del acuerdo.

Un nuevo gobierno y un futuro en disputa

El contexto político añade otra dosis de incertidumbre. El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto tras derrotar en una segunda vuelta por un margen estrechísimo al candidato de izquierda Iván Cepeda, ha declarado abiertamente que el diálogo con los actores armados no está sobre la mesa. En su discurso de posesión fijó un tono de confrontación: "la opción del diálogo está agotada". La Defensoría cuestionó directamente esa postura en su informe y advirtió que las transiciones de gobierno no deben deshacer los procesos en curso ni borrar los avances alcanzados con esfuerzo. También pidió a la administración extender hasta 2031 las garantías de reincorporación.

La entidad no llegó a declarar que el proceso de paz haya fracasado. Sin embargo, su advertencia final fue clara: sin un compromiso sostenido para revertir la profunda desigualdad rural y la ausencia estatal, las promesas escritas del acuerdo seguirán avanzando más rápido que sus resultados en el territorio, y las comunidades atrapadas en esa brecha continuarán pagando el precio.